Finalmente, y tras una batalla judicial que comenzaba a prolongarse en el tiempo, el cantautor estadounidense George Clinton ha llegado a un acuerdo económico con el grupo The Black Eyed Peas, conjunto al que había demandado hace algunos meses por utilizar su música sin el consentimiento previo que se requiere en estos casos, situación que había provocado gran tensión en el mundo de las discográficas.

Lo cierto es que Clinton, uno de los mayores representantes a nivel mundial del movimiento del funk, acusó en su momento a Will.I.am, Fergie, Apl.de.ap y Taboo., integrantes de la agrupación, de utilizar fragmentos de su canción “(Not Just) Knee Deep”, que data del año 1979, al usar la misma en remixes de su tema “Shut up”, que apareció primero en el álbum Elephunk y luego fue utilizada en otro remix incluido en la edición de lujo de su placa “The E.N.D.”.

Sin embargo, y tras las discusiones e idas y vueltas al respecto, se presentó en las últimas horas el final convenio alcanzado por ambas partes ante un juez federal, que canceló el juicio previsto. Sin embargo, se ha anunciado que aunque existe un principio de acuerdo, los abogados tanto de Clinton como de Fergie y compañía, se encuentran trabajando todavía en la formalización del pacto, del que no se conocen muchos más detalles oficiales.

De la misma forma, los medios norteamericanos ya anunciaban en las últimas semanas que el juez a cargo de la causa, había establecido que los daños acusados por Clinton se encontraban totalmente limitados, ya que no tenía éste intérprete forma de demostrar cuánto dinero había ganado, o perdido, The Black Eyed Peas, y también su discográfica, mediante la utilización del mismo.

En ese momento, y posteriormente, tanto el grupo como el sello discográfico, afirmaron que pidieron permiso para emplear la pieza, aunque Clinton continuó manifestando que nunca nadie se “había contactado con él”.

En las últimas horas, el grupo Uría Menéndez ha sido anunciado como ganador del galardón como “Mejor despacho fiscal del año en España”, una distinción que otorga la publicación británica “International Tax Review”, y que este año se realiza en el marco de la séptima edición anual de los “European Tax Awards”, que se celebró en la noche del jueves en Londres, ante la expectativa de miles de personas presentes en el lugar, y otra que seguían las alternativas mediante la web.

De la misma forma, tampoco se trató de la única distinción que recibiera en el evento Uría Menéndez, ya que International Tax Review también le nominó como Mejor equipo fiscal europeo del año en otras categorías, como “Mercado de Capitales”, “Servicios Financieros” y “Mejor despacho fiscal europeo del año”, dentro del segmento de “Procesal”.

La noticia no es sólo importante en sí misma porque el triunfador haya sido un español en el primer caso, sino porque además Uría Menéndez fue el único de estos grupos nacionales que como veíamos, pudo acceder a las nominaciones en otros rubros. De hecho, la firma española competía por el premio conseguido con otros nueve despachos españoles e internacionales.

Igualmente, tampoco se puede dejar de lado que en la ceremonia de entrega de los galardones, estuvieron presentes representantes de numerosos despachos de abogados, firmas auditoras y empresas de todo el continente, y en el caso de Uría Menéndez, su premio fue recogido por dos de los socios de fiscal de la firma, Rafael Fuster Tozer y Jesús López Tello, quienes agradecieron efusivamente a los jueces.

“Este premio supone un importante reconocimiento al constante y exitoso trabajo que viene desarrollando el equipo de fiscal de Uría Menéndez en los últimos años” explicaron los representantes a los agentes de International Tax Review, revista de prestigio internacional que se publica hace ya más de dos décadas.

Luego del espectacular revuelo en torno a las imágenes de campañas de publicidad de la firma italiana de moda, el Vaticano ha ganado finalmente una batalla legal a Benetton, firma que había utilizado un fotomontaje en el que se podía ver al máximo referente de la Iglesia Romana besando en la boca a un imán egipcio, concretamente el de la mezquita Al-Azhar de El Cairo, Ahmed Mohamed el-Tayeb; pero lo que es más grave aún, utilizando la imagen del actual Papa, Benedicto XVI.

En este sentido, fue el propio portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, quien se encargó de dar a conocer la noticia, informando que la propia Benetton emitió en las últimas horas un comunicado oficial, en el que reconocía “su pesar por haber herido la sensibilidad de Su Santidad Benedicto XVI y los creyentes”, al mismo tiempo que todas las imágenes habían sido quitadas de los puestos comerciales.

El documento, que en sus líneas finales explicaba además que, de aquí en adelante, la firma de moda se comprometía a no usar en el futuro una imagen del Papa sin la autorización de la Santa Sede.

Para colmo, uno de los principales puestos en donde fueron ubicados los carteles que hacían publicidad mediante esta imagen escandalosa del Papa, fue en el monumental Castel Sant’Angelo de Roma, a pocos pasos del Vaticano, y eso mismo provocó que a las pocas horas se emitiera un comunicado por parte de la Santa Sede, en el que se condenaba públicamente esta acción de Benetton.

De la misma manera, Lombardi se encargó de desmentir aquellos rumores que indicaban el pedido de una suma millonaria por parte del Vaticano a modo de resarcimiento, aunque sí se “ha querido lograr el resarcimiento moral que supone el reconocimiento del abuso cumplido y reafirmar su voluntad de defender, incluso con medios legales, la figura del Papa”.

En el día de ayer, un tribunal de apelaciones estadounidense determinó que la firma Apple finalmente podrá seguir adelante con su petición acerca de una “orden inmediata que bloquee la venta de algunas tabletas fabricadas por Samsung Electronics”, situación que se encuentra basada judicialmente en el hecho de que se habrían violado algunas patentes por parte de la segunda compañía.

De esta forma, un juez californiano del tribunal de apelaciones del Circuito Federal, sostuvo que se había errado anteriormente, al determinar que la “firma de la manzana” no había podido demostrar que tuviera posibilidad de ser exitosa su demanda, motivo justamente por el cual el caso fue devuelto a un nuevo tribunal del distrito, para ser revisado con mayor detenimiento.

Incluso, se destaca el hecho de que las dos empresas se encuentran totalmente inmersas en una durísima batalla legal que ya abarca más de 20 casos relacionados directamente con la violación de patentes en hasta diez países distintos, al mismo tiempos que, paradójicamente, luchan por el primer puesto en los mercados de tabletas y teléfonos inteligentes del mercado.

Concretamente en este caso, se debe señalar que la patente relacionada con la decisión, tiene que ver con el diseño de la tableta Galaxy Tab 10.1 de Samsung. Para el magistrado, se puede determinar que la “patente del diseño podría bien ser rechazada como obvia, lo que implica que nunca se habría concedido”, algo en lo que se diferencian las versiones legales ofrecidas anteriormente.

Entre las demás patentes, tres de ellas también tienen que con el diseño de teléfonos inteligentes y una tercera relacionada con la forma de desplazarse por los contenidos de la pantalla. Igualmente, bien vale recordarse que el año pasado, Apple demandó en Estados Unidos a Samsung, señalando que la línea Galaxy de teléfonos y tabletas de la firma surcoreana copia “de forma descarada” el iPhone y el iPad, líderes del mercado mundial.

Luego de un sinfín de discusiones que parecían no llegar a ningún puerto establecido previamente, el Consejo de Ministros nacional ha informado sobre la próxima aprobación en pos de elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal. De esta manera, se le permitirá a la Hacienda Pública cobrar los ingresos pendientes durante la tramitación de los procesos penales por estos delitos para evitar que se malvendan los bienes.

El decreto, relacionado con algunos de los casos más resonantes de los últimos tiempos, en los que distintos ocupantes de cargos políticos realizaban esta maniobra fraudulenta, aprovechando el hueco legal establecido para sacar provecho de sus posiciones públicas, y luego obtener ganancias económicas, evitará aunque no en todos los casos, sí muchos los mismos.

Hay que destacar de la misma manera, que esta nueva medida supondrá una modificación del Código Penal, la cual se produce mediante la tramitación de un Anteproyecto de Ley que será remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial para la emisión de los correspondientes informes, y que determinarían la aprobación final de la misma en un plazo no demasiado elevado, dado el consenso general que existe al respecto.

Tampoco se puede dejar de mencionar que mediante estas novedades, el Gobierno introduce también la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas, sin olvidar incluso que se aumentará el control del fraude laboral a la Seguridad Social.

De hecho, se tratan ambas medidas de algunos de los cambios legislativos más interesantes que serán incluidos en los próximos meses en la futura la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia, sobre la que se venía trabajando desde hace tiempo, y que ahora parece estar más cercana que nunca para convertirse en una realidad que pedía a gritos ser aplicada, especialmente en la pasada década.

Si hace algunos días informábamos que la Comunidad de Madrid había decidido, a partir del próximo 31 de agosto, quitar la tarjeta sanitaria a aquellas personas extranjeras que no contaran con sus papeles de residencia legal actualizados, ahora el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo de Cataluña, ha afirmado que en su caso, se estudiará si es legal dejar a los inmigrantes irregulares sin tarjeta sanitaria tal como pretende el Gobierno nacional.

Según ha indicado Ribó, lo que se considerará en este caso está plenamente relacionado con los derechos humanos que podrían quedar lesionados en caso de que la medida sea aplicada, ya que consideran la misma “muy peliaguda”. Incluso, desde su postura, los recortes esperados en cuanto a la salud, han impulsado una sensación de desolación, basada especialmente en la desorientación de los propios profesionales y los mismos usuarios.

De la misma forma, la Generalitat de Cataluña tampoco ha querido dejar pasar por alto las críticas a los nuevos mínimos de cobertura que se prevén para quienes no tengan sus papeles de residencia legal al día, tal y como los plantea el último decreto del Ministerio, ya que según su postura, más allá del servicio de urgencia, tampoco se les debería negar acceso a otros aspectos básicos del servicio sanitario, como las vacunas, que hasta ahora eran incluidas en todos los programas.

Igualmente, Ribó se ha mostrado muy descontento por la última investigación realizada al centro de Extranjería de la Zona Franca de Barcelona, ya que sostuvo que en este caso, “no se pudieron tratar casos de situaciones concretas ni se pudo dialogar con los protagonistas”, por lo que de ninguna manera reflejan su punto de vista.

Además, el Defensor del Pueblo sostuvo, acerca de las quejas relacionadas con los servicios sociales que ha recibido el Síndic en el último año, que las mismas se han elevado hasta las 1.422, por lo que, a su parecer, “expresan una realidad social”.

En las últimas horas, un grupo conformado por varios clientes, muchos ellos desde hace años, de la firma Adsbrokers, han presentado ante la Audiencia Nacional de España, una querella acerca de una supuesta estafa piramidal realizada por la firma, que tiene a más de cinco mil personas afectadas en el país, las cuales habían realizado inversiones por alrededor de 30 millones de euros, tal como confirmaría más tarde el bufete Romero Asociados, mediante un comunicado de prensa.

Justamente, esta no es la primera acción que toman las víctimas del suceso, ya que anteriormente se había informado de la creación de la plataforma “Afectados Adsbrokers”, que tiene como principal fin, el poder unir a los ahorradores para luego acudir en masa a los tribunales, y de esa forma, que sus reclamos por el dinero que depositaron en distintas sociedades de la compañía, tengo un mucho mayor peso específico, una vez que estas sedes han cerrado sus puertas a niveles locales.

Incluso, si tenemos en cuenta las primeras estimaciones que Romero Asociados ha realizado en torno al caso, debemos destacar que la durante un año, los presuntos estafadores han llegado a nuclear alrededor de 30 millones de euros, con inversores que han perdido varios cientos de miles de euros, si bien las cantidades depositadas oscilan principalmente entre los 1.000 y los 20.000 euros, pero que, sumadas, terminan por redondear cifras realmente escandalosas.

De la misma forma, no se puede dejar de mencionar el hecho de que muchas de estas víctimas, cayeron entonces en la supuesta red, que fuera preparada por los mismos promotores de Adsbrokers. Ellos se encargaban de poner a disposición de los clientes ofertas que resultaban atractivas debido a las altas rentabilidades por supuestos negocios publicitarios en Internet. Una vez convencidos los futuros clientes, se les anunciaban una serie de beneficios que ahora mismo tienen como consecuencia la presentación de una querella por delito continuado de estafa multitudinaria contra los responsables.

Desde las últimas horas, la Comunidad de Madrid exigirá poseer la residencia legal en España para emitir nuevas tarjetas sanitarias a extranjeros, mientras que se ha informado que las antiguas tarjetas concedidas a personas en situación irregular sólo serán válidas hasta el próximo día 31 de agosto, en un intento por poner algo de control a una situación que se veía desbordada hace tiempo.

En este sentido, hay que destacar las palabras del consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, justamente quien fue el encargado de confirmar ayer que la región ya aplica la reforma del Real Decreto Ley del Gobierno nacional, una decisión que él mismo considera “correcta y adecuada, aunque podemos asegurar que seguiremos garantizando la atención sanitaria en los casos de urgencias, partos y que tengan niños involucrados”.

“Ha habido una reforma acertada y necesaria conforme a la cual, a partir de su publicación, los extranjeros en situación irregular que soliciten la tarjeta sanitaria no lo van a poder hacer solamente con el empadronamiento”, explicó el propio Fernández-Lasquetty a la prensa local, al tiempo que sostuvo que la Comunidad respetará en todos los casos la vigencia de la antigua tarjeta hasta el plazo marcado del 31 de agosto.

El funcionario añadió posteriormente que esta modificación de la ley mediante el Real Decreto sólo tendrá afectación sobre “los extranjeros irregulares que pidan la tarjeta sanitaria ahora, cuando ya ha entrado en vigor la nueva norma del Gobierno nacional, que Madrid cumplirá porque es correcto y adecuado y porque es lo que hacen todos los países europeos y lo que hacía la propia España hasta 1999. Se ha vuelto a la situación anterior a ese año”.

“Hemos tenido un fenómeno importante de turismo sanitario. Nuestro sistema sanitario no está pensado para atender al mundo entero, sino a quienes forman parte de la sociedad española: los españoles y los extranjeros en situación regular” finalizó el consejero, al respecto de la gran cantidad de foráneos indocumentados que no aportan mediante sus impuestos pero que gozan de todos los derechos sanitarios que rigen en suelo nacional.

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En las últimas horas, integrantes de una organización hispana han demandado a la cadena de comidas rápidas Burger King por el hecho de una presunta discriminación, al haber despedido la misma, a un trabajador latino en septiembre pasado, tras enterarse de que estaba contagiado con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que normalmente es más conocido como SIDA.

El lamentable hecho, que ocurrió en territorio mexicano, ha tenido como protagonista al propio Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), siendo la misma institución la que presentó la demanda en el estado norteamericano de Virginia, según señaló en un comunicado que la ley federal prohíbe la discriminación por discapacidad física.

Sin ir más lejos, una de las cuestiones a considerar es que el demandante Christopher Peña, la persona que fuera discriminada a final de cuentas, tenía una muy buena reputación dentro del local en el que se desempeñaba, siendo considerado un muy buen trabajador en Burger King durante los siete años que laboró en la empresa, donde al cabo de un tiempo logró ascender en la empresa, recibiendo varios aumentos salariales de cargo y recibió aumento salarial.

“A través de la historia, los trabajadores latinos han sido objeto de discriminación por muchas razones. La condición de (portador del) VIH es apenas la más reciente”” ha explicado al respecto el mismo presidente de MALDEF, Thomas Sáenz, quien anunció la necesidad de que quienes sean víctimas de este trato realicen las denuncias correspondientes.

En este caso particular, debe destacarse que Peña fue diagnosticado con el VIH en abril de 2011 notificando a la empresa sobre su situación dos meses después. Curiosamente, y sin que existieran otros motivos hasta entonces, en septiembre de ese año fue despedido bajo el pretexto de su desempeño laboral.

Finamente, vale destacarse que la empresa Burger King, contactada para conocer su postura al respecto, se limitó a explicar que “no pueden hacer comentarios sobre cuestiones que se encuentran decidiéndose en la justicia”.